Durante casi tres décadas, la regla Tarasoff ha sido controvertida entre los profesionales de la salud mental. Esta regla, que se ha extendido a muchos estados, se originó en la decisión del Tribunal Supremo de California en el caso Tarasoff v. Regents of the University of California (17 Cal.3d 425 ). En Tarasoff, un paciente dijo a su psicoterapeuta que tenía la intención de matar a una mujer no identificada pero fácilmente identificable. Posteriormente, el paciente mató a la mujer. Sus padres demandaron entonces al psicoterapeuta por no haberles advertido a ellos o a su hija del peligro. El Tribunal Supremo de California rechazó la alegación del psicoterapeuta de que no tenía ninguna obligación para con la mujer porque no era su paciente, y sostuvo que si un terapeuta determina o debería haber determinado razonablemente «que un paciente representa un grave peligro de violencia para otros, tiene la obligación de ejercer un cuidado razonable para proteger a la víctima previsible de ese peligro».
En 1985, la legislatura de California codificó la regla Tarasoff: La ley de California establece ahora que un psicoterapeuta tiene el deber de proteger o advertir a un tercero sólo si el terapeuta realmente creía o preveía que el paciente suponía un grave riesgo de infligir lesiones corporales graves a una víctima razonablemente identificable.
Aunque el legislador limitó claramente la aplicabilidad de la regla Tarasoff, recientemente la regla fue ampliada por un tribunal de apelación de California en dos demandas derivadas de un asesinato-suicidio.
Amenazas denunciadas por la familia
Geno Colello estaba en psicoterapia con el Dr. David Goldstein y estaba abatido por la ruptura de su relación de muchos años con Diana Williams, que había empezado a salir recientemente con Keith Ewing. El 21 de junio de 2001, Colello pidió a su padre que le prestara una pistola. Cuando su padre se negó, Colello dijo que conseguiría otra pistola y «mataría» al «chico» que entonces salía con Williams. El padre de Colello transmitió esta amenaza a Goldstein, quien le instó a llevar a Colello al Centro Médico del Hospital Northridge. Esa misma tarde, un trabajador social del hospital evaluó a Colello. El padre de Colello le contó al evaluador la amenaza de su hijo. Colello fue admitido en el hospital como paciente voluntario, pero fue dado de alta al día siguiente. Al día siguiente disparó y mató a Ewing y luego a sí mismo.
Los padres de Ewing demandaron a Goldstein y al hospital, alegando que Colello suponía un peligro previsible para su hijo y que tanto Goldstein como el hospital eran conscientes de la amenaza pero no cumplieron con su obligación de advertir a Ewing o a una agencia de la ley.
En el juicio, Goldstein alegó que no era responsable de la falta de advertencia porque Colello nunca le había revelado directamente ninguna intención de dañar gravemente a Ewing. El hospital alegó que era necesario el testimonio de un experto para demostrar la responsabilidad de un psicoterapeuta por no advertir y señaló que los demandantes no tenían previsto presentar dicho testimonio. El juez de primera instancia estuvo de acuerdo con ambos argumentos y concedió el juicio sumario a los demandados.
En la apelación, en Ewing contra Goldstein (120 Cal. App. 4th 807 ) y Ewing contra Northridge Hospital Medical Center (120 Cal. App. 4th 1289 ), el Tribunal de Apelación de California sostuvo que los demandantes tenían derecho a llevar sus reclamaciones a juicio. En concreto, el tribunal sostuvo que el deber de advertencia de los demandados podría haber sido activado por las declaraciones que el padre de Collelo hizo a Goldstein y a la trabajadora social sobre las amenazas de su hijo. El tribunal no vio ninguna diferencia entre las amenazas transmitidas directamente por el paciente y las relatadas por un familiar directo del mismo.
El tribunal de apelación también concluyó que no era necesario el testimonio de un experto porque la cuestión no era si los acusados violaron una norma profesional de cuidado, sino si «realmente creían o predecían» que Colello suponía un grave riesgo de infligir lesiones corporales graves a una víctima identificable, una cuestión que podía ser decidida por un jurado no especializado basándose en el «conocimiento común».»
Tarasoff ampliado
Aunque las decisiones del tribunal en estos dos casos son interpretaciones de un estatuto específico de California, amplían el alcance de Tarasoff en ese estado, erosionan aún más la confidencialidad psicoterapéutica y pueden influir en la futura interpretación judicial de la doctrina también en otros estados. Por lo tanto, los psicoterapeutas de todo el mundo deben reflexionar cuidadosamente sobre el manejo de las amenazas supuestamente hechas por un paciente, pero que les fueron reveladas por un familiar del paciente. De hecho, aunque el tribunal californiano no abordó la cuestión de las amenazas denunciadas por otros terceros porque no se presentó esa cuestión en los hechos, el tribunal no descartó la futura ampliación de la doctrina Tarasoff para cubrir también esos casos.
Los profesionales de la salud mental también deberían estar preocupados por la conclusión del tribunal Ewing de que en algunos casos, como éste, los jurados pueden basarse únicamente en el «conocimiento común» para determinar si un psicoterapeuta realmente creía o predecía que un paciente suponía un riesgo grave para una víctima identificable. El tribunal concluyó que, en los hechos de este caso, llegar a esa conclusión no estaba fuera del alcance de los jurados legos. Pero, como también observó el tribunal, es posible «concebir circunstancias que impliquen un presunto incumplimiento del deber de advertencia de un psicoterapeuta en las que pueda ser útil la orientación de un experto». El tribunal añadió: «no se nos presenta y no expresamos ninguna opinión sobre la cuestión de si el testimonio de un experto es permisible en tal caso». Dónde se traza la línea entre los casos en los que el testimonio de un experto es necesario y aquellos en los que no lo es sigue siendo una cuestión abierta y preocupante.
El Cuaderno Judicial es un proyecto de la División 9 de la APA (Sociedad para el Estudio Psicológico de las Cuestiones Sociales).